Más de 60 comunidades de distintas zonas del país se levantaron, apoyadas por algunas ONG y organizaciones de izquierda, con el argumento de que las normas desconocen los derechos históricos sobre la tierra y son una imposición derivada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que está previsto que entre en vigencia el año que viene.
Las comunidades nativas y campesinas peruanas ganaron ayer un importante pulso al Gobierno de Lima al lograr, tras más de 10 días de paros y manifestaciones, que el Congreso derogara dos polémicos decretos legislativos -normas dictadas por el Ejecutivo con rango de leyes- que habrían hecho más sencilla la compraventa de tierras indígenas.
La llamada Ley de la Selva ablandaba las condiciones actualmente requeridas para vender o arrendar las tierras de las comunidades, exigiendo para ello el voto favorable sólo de la mitad más uno de sus integrantes. Los detractores de la medida consideran que habría abierto la puerta al masivo desembarque de compañías mineras y del sector energético en tierras amazónicas.
En palabras del Gobierno, las normas pretendían promover la modernización del campo y la creación de puestos de trabajo al facilitar el ingreso de capitales privados. El viernes, el Parlamento las anuló en una votación en la que el partido de Gobierno, el Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra), se quedó solo.
Todas las demás formaciones políticas, desde los nacionalistas de Ollanta Humala hasta la derecha, votaron a favor de la derogatoria de los decretos. Ni siquiera los fujimoristas, que más de una vez han salvado al partido gobernante con sus votos, apoyaron al Ejecutivo.
El Gobierno, para el que el voto contrario supone un duro revés, estudia alternativas. Su presidente, Jorge del Castillo, consideró ayer poco probable que el presidente promulgue la ley, el último paso que falta para que entre en vigencia.
En ese caso, quedan dos opciones: mandarla de vuelta al Congreso para que sea discutida nuevamente, o no hacer nada, con lo cual sería el mismo Parlamento el que la sancionaría. "No hemos decidido todavía qué opción se tomará. No estamos de acuerdo con la derogatoria, así que difícilmente la vamos a promulgar", adelantó el primer ministro.
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Fuente: El País
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