En la actualidad, la mayoría de los ochenta millones de teléfonos móviles que funcionan en el país son aparatos que pueden comprarse sin ningún tipo de identificación en cuestión minutos y con más de una hora de 'tiempo aire' para poder hablar.
Para evitar la impunidad de los secuestros, el Senado mexicano dio el primer paso para obligar a los operadores a conservar un registro de cada móvil que se pone en funcionamiento así como de las llamadas y mensajes de voz y texto que desde ahí se realizan. La iniciativa de ley pretende frenar la ola de secuestros y extorsiones telefónicas.
Conocida como la 'Ley Malova' (porque fue impulsada por senador del PRI, Mario Lóez Valdez), la iniciativa se aprobó por unanimidad y forma parte de el 'Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad', con la que el Gobierno del presidente Felipe Calderón reaccionó a la gigantesca manifestación del mes de agosto en contra de la violencia y la delincuencia en el país.
La ley pretende obligar a los operadores a conservar una copia del registro de llamadas, mensajes de texto y de voz, durante un año. Los padres de la idea señalan que en el país hay alrededor de 700 bandas criminales, muchas de ellas operando desde la cárcel donde, con un simple móvil, continúan con la extorsión.
Junto a este paso, Calderón se comprometió a construir dos cárceles, con zonas especiales para secuestradores, una estrategia nacional contra el lavado de dinero y una base nacional de móviles, que comenzó este jueves su tramitación legal.
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Fuente: El Mundo
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