El Gobierno español negocia subvenciones, créditos y tarifas especiales para adquirir ordenadores para los escolares. Zapatero propone a las autonomías que cofinancien el plan nacional.
El Gobierno quiere que las comunidades autónomas -con competencias plenas en educación- se corresponsabilicen y cofinancien parte del plan nacional de digitalización del sistema educativo, mediante convenios bilaterales, para extender un bono digital a cada alumno y créditos de bajo coste para las familias más desfavorecidas. Los operadores de telefonía, Telefónica, Vodafone y Orange, por su parte, estudian ofrecer una tarifa plana en una franja vespertina para que los niños y sus familias puedan hacer sus tareas por Internet.
El plan, si bien será anunciado por el presidente Zapatero en el debate del Estado de la Nación, tiene un elevado coste. Por ello, el Ministerio de Educación estudia implantar el sistema de cheque o bono digital por un valor aproximado de 50 euros por niño para la compra de un ordenador (la financiación del bono-libro de texto es de 95 euros). Y, en el caso de las familias más desfavorecidas, el Gobierno trata de cerrar un acuerdo con Banesto para la emisión de una línea de crédito para la compra de portátiles. Un bocado en el que los principales fabricantes como Microsoft y Toshiba llevan la delantera, según fuentes de la Comisión Interministerial, en la que participan asesores de los ministerios de Economía, Industria y Educación que se reúnen periódicamente en La Moncloa.
El plan Escuela.2 -que ha sido negociado durante tres meses con operadores, fabricantes y editores- será presentado en la Conferencia Sectorial de Educación del próximo día 19 para negociarlo con los 17 consejeros autonómicos.
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Pero la digitalización de la escuela tropieza con varios obstáculos. El primero es precisamente la falta de competencias del Ministerio de Educación en un país tan descentralizado para cerrar un acuerdo con los fabricantes de ordenadores ante la dispersión y variedad de software en los tres niveles de las Administraciones Públicas. Hay comunidades como Andalucía y Extremadura o la Comunidad Valenciana, aunque en menor grado, que usan el sistema operativo Linux en las escuelas y son reacias a implantar el de la competencia.
En segundo lugar, el Gobierno no ha hecho un estudio serio -como sí se ha hecho en Finlandia, Noruega o Estados Unidos- para ver cómo aprende un niño en soportes tan diferentes como el papel y el digital. El propio Bill Gates, fundador de Microsoft, siempre ha presumido de que a su hijo no le dio un ordenador hasta los 10 años, y cuando los cumplió, el tiempo de uso permitido fue de 55 minutos, para evitar el impacto negativo de la pantalla del ordenador en la visión.
De hecho, desde la patronal de los editores de libros de texto y material de enseñanza (Anele) -que ha visitado varios países que van a la cabeza en esta área, como Finlandia- explican que sólo el 10% de los contenidos curriculares son digitales, entre otras razones, porque la capacidad de concentración y aprendizaje es distinta en soporte papel.
El tercer problema es la falta de un centro nacional que supervise y homologue los libros de texto y los currículos para evitar el "intrusismo", no sólo de la piratería en la Red, sino de las propias Administraciones Públicas que cada vez apuestan más por colgar sus propios contenidos digitales en las webs oficiales. Ocurrió en Aragón, cuando precisamente la actual secretaria de Estado, Eva Almunia, era consejera y creó un plan de extensión de las pizarras electrónicas, del que tuvo que retirar los contenidos colgados en la Red. Y acaba de pasar en la Comunidad Valenciana con la polémica traducción al inglés de los contenidos de Educación para la Ciudadanía, que elaboró la propia Consejería de Educación.
Anele reclama que el Instituto Superior de Formación y Recursos en Red se convierta en un organismo público que homologue y supervise los contenidos curriculares, como se ha hecho en el estado de California, donde el gobernador acaba de anunciar un plan para la digitalización de libros de texto en sólo en dos materias de primaria y secundaria, que será remitido a las bibliotecas públicas.
El principal desafío del sector, en este momento, es la variedad de textos y recursos gratuitos que circulan por Internet. Por eso, en California, que posee una de las leyes más exigentes a la hora de evaluar los contenidos de texto, y en Gran Bretaña, por ejemplo, un organismo independiente se encarga de las exigencias mínimas de calidad y de poner coto a la piratería.
Las editoriales trabajan en el desarrollo de paquetes de materiales digitalizados, cuya novedad sería que los libros electrónicos llevan implantados un gestor (un hardware) que contiene una licencia personal para cada usuario. El niño al entrar en el ordenador introduce la contraseña que va en su licencia y empieza a trabajar en su libro digital. El gestor sirve también para que el profesor controle lo que hace cada niño en su ordenador. El ministerio está en contacto con las editoriales para ayudarlas a impulsar la renovación de su sector. El paquete contempla complementos, como diccionarios, recursos didácticos de ampliación y refuerzo y un abanico de actividades que dependen de la habilidad de cada niño. Lo que aún falta por definir es cuál es el precio de mercado de la licencia del libro digital.
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Fuente: El País
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