Empieza la mano dura sobre los funcionarios que no trabajan

La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

Hacienda busca aprovechar cada euro que gasta (siempre y cuando no se lo pueda ahorrar). Y la Administración Pública no será una excepción. Como tampoco lo serán quienes trabajan para ella. El Ministerio ha advertido que pondrá en marcha "inmediatamente" la evaluación del trabajo que hacen sus empleados, de forma que se tendrán en cuenta los resultados y su desempeño diario.

El enemigo estaba en casa. El Estatuto Básico del Empleado Público es la envidia de cualquier trabajador español, ya que en él se recogen una serie de derechos que protegen de forma especial al funcionariado. Pues ese mismo documento esconde desde 2007 una trampilla por la que pueden caer miles de afectados.

Se llama "evaluación del desempeño", se incorporó a la normativa hace cinco años y apenas se ha desarrollado o aplicado. "Nosotros lo vamos a hacer inmediatamente", anunció ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Y lo harán de forma que "los gobiernos utilicen su recurso de la forma más eficaz posible".

Traducido a los hechos, el Ejecutivo ha emprendido la senda por la que pretende que todos y cada uno de los empleados públicos demuestren con su trabajo el salario que se les paga.

¿Qué es la evaluación del desempeño? En pocas palabras, es la forma de medir el trabajo de un funcionario, de modo que se le puedan aplicar luego medidas que, en el último de los casos, podrían llegar al cese de su puesto de trabajo. La ley llega hasta ahí: menciona la palabra "cese" sin aclarar si se refiere a un empleo concreto o a la plaza genérica. Sí que se expone que "la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública determine". Antes de llegar hasta aquí, el Artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores ha explicado que "la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados". Luego, a la hora de la verdad, cuando llega el momento de aplicarlo sobre un caso concreto, dicho procedimiento tendrá su impacto "en la carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente Estatuto". Con lo que saltamos al artículo 24, que es el que va despejando más incógnitas, ya que en él se recogen los parámetros que determinan dichas retribuciones complementarias (el sueldo base de un funcionario puede suponer a veces sólo el 25% del total). 

En concreto, la normativa establece cuatro motivos que determinan el grueso de la nómina del empleado público: La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa; la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo; el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos; y los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. 

¿Cómo se lleva todo lo anterior a la práctica? Eso es lo que tiene que despejar el Gobierno del PP, que ya ha mostrado su intención de acometer la reforma del Estatuto de los funcionarios, un objetivo que suele encontrarse con una fuerte oposición sindical. Entre otras muchas cosas porque introduce el concepto de productividad, de vincular trabajo a resultados concretos y otros baremos que siempre se han tildado de empresariales (y cuando un sindicato habla en estos términos siempre lo es en el peor sentido de la palabra). A Beteta (ni al Gobierno en su conjunto) no parece importarle demasiado. Porque junto al desarrollo del articulado sobre el desempeño también se prepara una "reordenación y modernización" de todo el funcionariado, "para comprobar dónde faltan y dónde sobran personas". El tercer aspecto que busca solucionar el Gobierno popular es más peliagudo y entronca con la reforma laboral aprobada en febrero. Beteta dijo ayer de forma textual que "se reducirán los empleados eventuales o interinos". A continuación, recordó que sólo el 61% de la plantilla de casi 2,7 millones de empleados públicos de todas las administraciones, es funcionario de carrera. Y de ellos, el 13% (unos 350.000) está en ese grupo que dice que hay que adelgazar. Como la reforma permite el despido de personal laboral (el 26% del total) y de éstos últimos, el recordatorio suena casi a amenaza. 

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Fuente: La Información